La Justicia no funciona, por Juan Carmona
¿O no quieren que funcione?
Me hago esta pregunta porque parece claro que a quien más beneficia su lentitud e ineficacia es a la administración pública y a los responsables políticos, ya que es enorme el volumen de recursos contra decisiones administrativas (sanciones, procedimientos contra resoluciones, etc.) que tardan años en resolverse, o, sin ir más lejos, procesos penales contra políticos y funcionarios que no terminan nunca.
Lo que es evidente es que para los ciudadanos y el tejido económico es un desastre, porque acudir a la justicia para resolver errores, injusticias, o reclamar pagos y embargos indebidos es entrar en una vía sin salida o de una lentitud exasperante. ¿cómo pueden durar años los procedimientos urgentes? ¿o un divorcio
simple, de “común acuerdo”, meses? Es inadmisible, y dañino, por las consecuencias que ello acarrea a la ciudadanía. La realidad es que todo lo que tiene que
ver con ella es un desastre.
Mi experiencia de cuarenta y cinco años como abogado es de un paulatino deterioro y, sobre todo, una merma de la calidad física y humana de su estructura. Ya que, por otra parte, la actividad normativa de la administración es continua e inabarcable, y los cambios continuos.
En lo más alto de la pirámide está el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (el CGPJ). Los políticos llevan años sin ponerse de acuerdo sobre los nombramientos para cubrir las vacantes, intentan jugar a “los cromos” que quieren cambiar, pero mezclan en la negociación otros temas que nada tienen
que ver, como la reforma del Código Penal para rebajar las penas por delito de sedición y además quieren a los suyos en puestos clave que, en un momento dado, defiendan sus intereses partidistas.
Otro desaguisado que arrastramos es el de las pseudo transferencias de las competencias a las CCAA con la premisa de descentralizar, de tal modo que aquí en Andalucía el resultado es que los jueces son nombrados y dependen del CGPJ, los secretarios judiciales (ahora nombrados letrados de la administración
de justicia) del Ministerio de Justicia, y los funcionarios de a pie, los que tramitan y mueven los papeles de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. Con este panorama el resultado es que “no manda nadie”, que cada cual va a su rollo. Es de locos.
Y la propia estructura judicial. Poe ejemplo, los llamados Juzgados Mixtos. Juzgados de pequeñas o medianas ciudades (como las de nuestra zona) que atienden todo tipo de asuntos: civiles, penales, familiares, mercantiles, Registro Civil, …. que están desbordados y con jueces y secretarios de primer destino, y por ello inexpertos, que cambian de plaza en cuanto pueden porque huyen despavoridos.
Además, sumamos los efectos que perduran de la PANDEMIA. el teletrabajo, la distancia. No poder ver a los funcionarios, o no poder hablar, en algunos ni siquiera entrar en los juzgados …… Todo esto redunda también en el “maltrato” a los abogados y demás profesionales que tienen que bregar cada día con este aparato.
A lo mejor con dinero, con recursos, con normas estructurales racionales y coherentes, el sistema funciona. Pero, ¿a quién interesa?
